Por Juan José Fernández Trevijano

Gabriel Jackson, famoso hispanista e historiador británico, enumera las responsabilidades que debe asumir un gobierno democrático y advierte que los delitos de un gobierno de izquierdas reciben mucha más publicidad que los de derechas. No es cuestión de entrar en esa división izquierda/derecha, sino apreciar el escaso valor que alcanza la presunción de inocencia en la sociedad española y, por tanto, la dicotomía sobre las verdades y mentiras. Muchos de los escándalos promocionados e informados por los medios de comunicación se diluyen o quedan en nada en cuando son juzgados (cuando llegan a ser juzgados), y después, quienes aparecen en ellos, no ven compensada la difusión de la inocencia con respecto a las acusaciones que les fueron formuladas. Permanece viva la condena previa de los medios y, más aún, cuando existen intereses políticos.

La mezquindad florece porque los inocentes siguen siendo condenados para desprestigiar su figura política y así hay personas de probada honestidad que son víctimas de acusaciones falsas. La voz popular dice que nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario y ese contrario o forma de ratificarlo tiene que ser mediante sentencia firme de los tribunales de Justicia. La variedad de ejemplos tiene una reciente que afecta a la derecha, el caso del lino con la absolución de algunos acusados importantes. El asunto adquiere más gravedad cuando por razones políticas se acusa a personas de supuestos e hipotéticos delitos que luego ni siquiera llegan a ser imputados o acusados. Leocadio Marín ha sido víctima de una doble difamación digna de ser considerada delito.

La primera difamación fue para eliminarlo como rival en las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. Leocadio Marín fue integrado en el proceso mediático contra Juan Guerra para impedir que fuera candidato a la referida presidencia, pero a la hora de la verdad, en el proceso judicial, que es el válido, ni siquiera figuró como testigo y, menos aún, como imputado o cualquier otra figura jurídica. Encima, Juan Guerra tampoco fue condenado, excepto por algún incumplimiento con la Hacienda Pública, como advertimos con anterioridad algunos periodistas de los especializados en el tema. O sea, nada de nada, salvo el propósito de eliminar a Leocadio Marín como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. José Oneto, siendo director de la revista Tiempo, lo dijo en televisión: hemos exagerado mucho.

Después, siendo consejero de Agricultura, el escándalo inventado por un periódico sobre Getisa (una empresa pública de la Consejería de Agricultura), tuvo una comisión de investigación en el Parlamento y las conclusiones en el Pleno fueron las mismas: nada de nada. Ni siquiera mereció el trámite judicial, el expediente fue archivado sin gloria alguna para los promotores. La impresión general fue de ridículo del medio que había promovido el escándalo (que cedió en la atención informativa hacia la mitad del proceso parlamentario) e igual de chusco y macarrónico para el PP, que fue quien se hizo eco del montaje. De ambos casos, Leocadio Marín salió con la cabeza alta y el reconocimiento global de la gestión de sus responsabilidades.

Ahora, sin embargo, la coalición forma por PP y BI (Baeza Independiente) pretenden resucitar las difamaciones de entonces –sabiendo perfectamente que lo fueron, con lo cual podrían estar cometiendo alguna figura delictiva-, con la misma finalidad; ganar una elecciones con falsedades y mentiras. El tema es que con la cobardía del anonimato admitido por los foros de internautas o escudándose en la inmunidad de los mítines electorales, siguen erre que erre y pueden estar influyendo en gentes que no aprecian o no quieren apreciar que a Baeza le robaron un presidente de la Junta de Andalucía y ahora, con artimañas deshonestas como las de entonces, quieren robarle al alcalde que necesita la ciudad. Los baezanos y baezanas no sólo tienen la palabra, sino que deben ejercerla a favor de ellos mismos y contra las deshonestidades señaladas.